Un giro significativo y sin precedentes en la longeva cooperación de
seguridad entre Estados Unidos y el Reino Unido amenaza con reconfigurar el
panorama de las operaciones antinarcóticos en el Caribe. Según
informes
recientes, el gobierno británico ha decidido suspender el intercambio de
inteligencia clave sobre embarcaciones sospechosas de ser usadas para el
narcotráfico con Washington, una acción que pone fin, por ahora, a un
programa de años destinado a interceptar cargamentos de drogas en alta mar.
Para una alianza acostumbrada a proyectar un frente unificado en asuntos de
seguridad global, esta ruptura pública es una señal de alarma.
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| Infografía sobre el conflicto armado de los cárteles de la droga al 19 de octubre de 2025. Visto en Wikipedia |
La decisión, cargada de implicaciones geopolíticas, se fundamenta en una
profunda preocupación legal y ética por parte de Londres: el Reino Unido ya
no desea ser visto como cómplice de lo que considera "ataques militares
ilegales" por parte de Estados Unidos en la región. Este movimiento no es un
simple ajuste burocrático, sino una objeción fundamental a la estrategia y
la legalidad de las acciones de su aliado más cercano.
El contexto de una Alianza Estratégica
Durante décadas, la "Relación Especial" entre ambas potencias atlánticas se
extendió con total naturalidad a las cálidas aguas del Caribe. El Reino
Unido, que mantiene soberanía sobre varios territorios de ultramar
estratégicamente ubicados (como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes
Británicas, Anguila, y Turks y Caicos), opera sofisticadas bases de
inteligencia y escucha en la zona. Estas instalaciones, a menudo discretas,
son nodos cruciales en la red de vigilancia global británica.
Estas bases han servido como los "ojos y oídos" de Occidente, monitoreando
vastas franjas del tráfico marítimo y aéreo en uno de los corredores de
narcotráfico más activos del mundo. La información recopilada, que se
presume incluye inteligencia de señales (SIGINT) en tiempo real y datos de
patrullaje marítimo, era compartida de manera rutinaria y fluida con
agencias estadounidenses, principalmente la Guardia Costera (USCG), el
Comando Sur (SOUTHCOM), y al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto
Sur, parte fundamental de la arquitectura que utilizaba esa inteligencia. un
grupo de trabajo con base en Florida que incluye representantes de varios
países aliados y trabaja para reducir el narcotráfico. El "Grupo de Trabajo
Interinstitucional Conjunto Sur", conocido como Joint Interagency Task Force
South (JIATF South), por sus siglas en inglés, y que opera precisamente bajo
el Comando Sur.
El mecanismo era un modelo de eficiencia aliada: la inteligencia británica,
gracias a su posición geográfica privilegiada, identificaba y rastreaba una
embarcación sospechosa. Luego, pasaba esa información a las fuerzas
estadounidenses, que poseen una capacidad de interdicción rápida y activos
navales muy superiores para ejecutar la captura. Este esfuerzo conjunto ha
sido celebrado en el pasado como un pilar en la lucha contra los cárteles
transnacionales, resultando en la incautación de miles de toneladas de
narcóticos y representando una de las historias de éxito más consistentes de
la cooperación bilateral.
El Quiebre: Complicidad e ilegalidad
El repentino cese de esta cooperación marca un desacuerdo fundamental sobre
la naturaleza de las operaciones estadounidenses. La información que ha
trascendido sugiere que el Reino Unido, posiblemente tras una revisión de
sus propios abogados del gobierno, ha reevaluado las acciones que su
inteligencia estaba facilitando.
Londres parece haber trazado una línea roja entre lo que considera
operaciones legítimas de aplicación de la ley (a cargo de guardacostas,
respetando el derecho marítimo internacional) y acciones que califica de
"militares" y, por ende, "ilegales". Este último calificativo es crucial;
sugiere que, desde la perspectiva británica, las operaciones de EE.UU.
podrían estar violando la soberanía de otras naciones o aplicando un nivel
de fuerza desproporcionado que excede el marco de la interdicción de drogas,
que tradicionalmente no se considera un conflicto armado.
La preocupación por la "complicidad" es un término legalmente significativo.
Indica el temor del Reino Unido a ser corresponsable, bajo el derecho
internacional, de violaciones cometidas por otro estado. Si las acciones de
EE.UU. se consideraran, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales o actos de
guerra no declarados, el Reino Unido podría enfrentar repercusiones legales
y políticas por haber proporcionado la inteligencia que las hizo posibles.
Este movimiento señala una divergencia crítica en la doctrina. Mientras
Washington ha adoptado una postura cada vez más militarizada en su "guerra
contra las drogas"—utilizando buques de guerra de la Armada, aumentando la
presencia militar y vinculando explícitamente el narcotráfico con regímenes
que considera hostiles—, Londres busca distanciarse. Prefiere un enfoque que
se mantenga firmemente dentro del paradigma de la aplicación de la ley (law
enforcement), evitando que la lucha antinarcóticos se convierta en una
justificación para intervenciones geopolíticas.
Impacto en la "Relación Especial"
El fin del intercambio de inteligencia no es un asunto menor. Es una grieta
visible y profunda en la alianza de seguridad más estrecha del mundo. El
núcleo de la red "Five Eyes" (que también incluye a Canadá, Australia y
Nueva Zelanda) se basa en una confianza casi absoluta y en el intercambio
fluido de información sensible. Que un miembro niegue a otro inteligencia en
un teatro de operaciones activo es extraordinariamente raro y una clara
señal de desaprobación política al más alto nivel.
A corto plazo, genera una fricción diplomática inmensa y obliga a Washington
a cuestionar la fiabilidad de su principal aliado en otras áreas. Si el
Reino Unido está dispuesto a cerrar el grifo aquí, ¿dónde más podría
hacerlo? A largo plazo, podría sentar un precedente para que Londres
restrinja otra cooperación si considera que las políticas de EE.UU. son
legalmente o políticamente insostenibles. Esto resuena con debates internos
en el Reino Unido sobre no ser el "perro faldero" de Washington, una
sensibilidad política que ha crecido desde la invasión de Irak.
Para los adversarios de Occidente, esta desunión pública es una victoria
propagandística, sugiriendo una fractura en la cohesión de la OTAN y del
"Five Eyes" sobre cómo aplicar el derecho internacional.
El futuro de las operaciones de EE.UU.
La pregunta que surge es cómo responderá Estados Unidos. La respuesta es
clara: no detendrá sus operaciones, pero se verán afectadas.
- Redireccionamiento de Activos y Costos: La Casa Blanca y el Pentágono consideran la lucha contra el narcotráfico en el Caribe como un asunto de seguridad nacional. Sin la inteligencia británica, el SOUTHCOM deberá depender más de sus propios activos de vigilancia: más horas de vuelo para drones de largo alcance (como el MQ-9 Reaper), reasignación de aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon y una mayor dependencia de la inteligencia satelital y humana. Todo esto es más costoso y menos eficiente que recibir un dato preciso desde una base británica perfectamente posicionada. Washington también podría presionar a otros aliados regionales, como Colombia, los Países Bajos (por sus islas en el Caribe) o Francia (por Martinica y Guadalupe), para que intenten llenar el vacío.
- Una "Brecha de Inteligencia" inevitable: Inevitablemente, se creará una "brecha de inteligencia". Las bases británicas en el Caribe están posicionadas de manera ideal para monitorear rutas clave de tráfico. Perder esta fuente de datos en tiempo real significa que, temporalmente, los contrabandistas encontrarán "puntos ciegos" que antes no existían. Es probable que, a corto plazo, la tasa de éxito de las interdicciones disminuya mientras EE.UU. reajusta sus métodos de recolección y análisis.
- El factor Venezuela: Es imposible disociar las operaciones antinarcóticos de EE.UU. en el Caribe de su política de máxima presión contra el gobierno de Venezuela. Washington ha acusado públicamente a altos funcionarios venezolanos de estar involucrados en el "narco-terrorismo". Muchas de las operaciones militares reforzadas en la región han tenido el doble objetivo de interceptar drogas y ejercer presión militar y de vigilancia sobre Caracas. La retirada del Reino Unido podría interpretarse, precisamente, como una negativa a participar en esta campaña de presión específica contra Venezuela. Es probable que Londres vea esto como la raíz de la militarización "ilegal" de las operaciones; no quieren que su inteligencia se utilice para provocar o justificar un incidente militar con un estado soberano, por muy hostil que sea la relación.
En conclusión, la decisión británica deja a Estados Unidos más solo en su
estrategia de seguridad en el Caribe. Si bien Washington posee la capacidad
militar abrumadora para continuar sus misiones, la pérdida de un flujo de
inteligencia clave de su aliado más cercano complica el panorama operativo,
aumenta los costos y expone una fractura significativa en la política
exterior occidental. Esta no es solo una disputa operativa; es un desacuerdo
ideológico sobre los límites del poder militar y la legalidad de fusionar la
guerra contra las drogas con objetivos geopolíticos más amplios.-
Por George Stephen ©2025
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